Por: Wilfredo Pérez Ruiz (*)
El 3 de diciembre [pasado] se celebró el “Día Internacional del No uso de Plaguicidas”, que tiene por finalidad reflexionar y tomar conciencia en la población sobre la grave crisis ambiental generada por el uso de los agroquímicos a nivel global. Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de PAN (Pesticide Action Network) en 60 países, recordando a las miles de personas fallecidas y otras que quedaron con secuelas, por el accidente de Bophal (India, 1984) donde se liberó un componente utilizado en la elaboración de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide.
Es oportuno recordar que durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), conocida como “Cumbre de la Tierra” (Brasil, 1992) la Organización de las Naciones Unidas auspició, entre otros valiosos acuerdos, la suscripción del Convenio de Rotterdan (Holanda) con la finalidad de regular el comercio de plaguicidas extremadamente tóxicos. El Perú ha suscrito este tratado relacionado a las actividades agrícolas y salud de la población.
También, adicionalmente a los métodos tradicionales, existen sustancias biológicamente activas y de origen vegetal, animal y mineral, utilizadas para eliminar plagas e insectos. Un ejemplo conocido es la “muña” o “chaumpca”, empleados para proteger alimentos almacenados. Estudios realizados señalan la existencia en el Perú de, aproximadamente, 100 especies de plantas con facultades insecticidas aunque su utilización es todavía incipiente.
En nuestra patria se mercadean 548 productos químicos para el control de plagas, mayormente empleados en la costa, la ceja de selva y en los valles interandinos. De éstos 371 provienen de naciones del Norte. Según estadísticas de organismos internacionales el 90 por ciento de los plaguicidas vertidos en el mundo, son producidos en países industrializados. Mientras el 80 por ciento de su comercialización está en poder de 24 empresas transnacionales, de las cuales Bayer, Ciba Geigy, ICI, Monsanto y Shell controlan la mitad de toda su venta.
Es conveniente recordar que muchos de los plaguicidas que importamos se encuentran censurados en los mercados de las naciones desarrolladas por su efecto negativo sobre el ambiente y la salud. Estas afirmaciones se encuentran sustentadas en informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han certificado el millonario negocio de plaguicidas nocivos. Para tener una idea amplia de las secuelas producidas por su empleo, en los Estados Unidos se estima en 800 millones de dólares los daños causados y entre 30 a 40 mil muertos las víctimas humanas a nivel mundial.
Las estadísticas del consumo de agroquímicos demuestran su incremento a partir (principalmente) de 1960. Así lo acredita el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, que nos señala como uno de los países con mayor cantidad de componentes químicos utilizado por kilómetro cuadrado (en comparación con Costa Rica, México, Guatemala, Colombia y Brasil).
La siembra de hoja de coca para la producción de PBC ha coincidido con la negligencia de las autoridades gubernamentales quienes permiten la introducción de agroquímicos de probadas ramificaciones negativas para la salud y el entorno ecológico. La aplicación de la llamada “docena sucia” no es una alternativa para controlar las plagas. El perfeccionamiento de mecanismos de inmunidad ante los plaguicidas de origen sintético, es una de las secuelas de su uso desmesurado. Existen más de 450 especies de insectos resistentes a los plaguicidas y su eliminación implica mayores concentraciones del producto y, en consecuencia, emplear elementos más potentes y frecuentes.
En el Perú este es un problema serio. En el sector agropecuario se ubica el 31 por ciento de residentes en situación económicamente activa y se concentra el 50 por ciento de habitantes en extrema pobreza. Según estudios del ministerio de Trabajo hay 3.5 millones de individuos ocupados en el agricultura. Por lo tanto, están exhibidos (directa o indirectamente) a las repercusiones de los pesticidas, generando numerosas tasas de intoxicación, en especial en áreas de intensa actividad agrícola.
Sin embargo, debemos reconocer que en materia legislativa hemos avanzado con la dación de algunas disposiciones y la publicación del reglamento de la Ley de Sanidad Agraria (2008) que dispone que los plaguicidas para su uso y comercialización en el agro sean registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Es imperativo promover el estudio de medios alternativos como el control biológico, entre otras opciones. Para ello, el gobierno debe convocar a investigadores, universidades y comunidades rurales con la finalidad de expandir propuestas técnicas, institucionales y legales. Existen experiencias interesantes que no han sido aún difundidas.
Diseñar sistemas de monitoreo para conocer las externalidades generadas del empleo de plaguicidas y replantear nuestro ordenamiento sobre este controvertido tema -en concordancia con las reglamentaciones internacionales- es una prioridad para enfrentar un conflicto de irreparables daños ambientales, sociales y económicos.
También, adicionalmente a los métodos tradicionales, existen sustancias biológicamente activas y de origen vegetal, animal y mineral, utilizadas para eliminar plagas e insectos. Un ejemplo conocido es la “muña” o “chaumpca”, empleados para proteger alimentos almacenados. Estudios realizados señalan la existencia en el Perú de, aproximadamente, 100 especies de plantas con facultades insecticidas aunque su utilización es todavía incipiente.
En nuestra patria se mercadean 548 productos químicos para el control de plagas, mayormente empleados en la costa, la ceja de selva y en los valles interandinos. De éstos 371 provienen de naciones del Norte. Según estadísticas de organismos internacionales el 90 por ciento de los plaguicidas vertidos en el mundo, son producidos en países industrializados. Mientras el 80 por ciento de su comercialización está en poder de 24 empresas transnacionales, de las cuales Bayer, Ciba Geigy, ICI, Monsanto y Shell controlan la mitad de toda su venta.
Es conveniente recordar que muchos de los plaguicidas que importamos se encuentran censurados en los mercados de las naciones desarrolladas por su efecto negativo sobre el ambiente y la salud. Estas afirmaciones se encuentran sustentadas en informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han certificado el millonario negocio de plaguicidas nocivos. Para tener una idea amplia de las secuelas producidas por su empleo, en los Estados Unidos se estima en 800 millones de dólares los daños causados y entre 30 a 40 mil muertos las víctimas humanas a nivel mundial.
Las estadísticas del consumo de agroquímicos demuestran su incremento a partir (principalmente) de 1960. Así lo acredita el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, que nos señala como uno de los países con mayor cantidad de componentes químicos utilizado por kilómetro cuadrado (en comparación con Costa Rica, México, Guatemala, Colombia y Brasil).
La siembra de hoja de coca para la producción de PBC ha coincidido con la negligencia de las autoridades gubernamentales quienes permiten la introducción de agroquímicos de probadas ramificaciones negativas para la salud y el entorno ecológico. La aplicación de la llamada “docena sucia” no es una alternativa para controlar las plagas. El perfeccionamiento de mecanismos de inmunidad ante los plaguicidas de origen sintético, es una de las secuelas de su uso desmesurado. Existen más de 450 especies de insectos resistentes a los plaguicidas y su eliminación implica mayores concentraciones del producto y, en consecuencia, emplear elementos más potentes y frecuentes.
En el Perú este es un problema serio. En el sector agropecuario se ubica el 31 por ciento de residentes en situación económicamente activa y se concentra el 50 por ciento de habitantes en extrema pobreza. Según estudios del ministerio de Trabajo hay 3.5 millones de individuos ocupados en el agricultura. Por lo tanto, están exhibidos (directa o indirectamente) a las repercusiones de los pesticidas, generando numerosas tasas de intoxicación, en especial en áreas de intensa actividad agrícola.
Sin embargo, debemos reconocer que en materia legislativa hemos avanzado con la dación de algunas disposiciones y la publicación del reglamento de la Ley de Sanidad Agraria (2008) que dispone que los plaguicidas para su uso y comercialización en el agro sean registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Es imperativo promover el estudio de medios alternativos como el control biológico, entre otras opciones. Para ello, el gobierno debe convocar a investigadores, universidades y comunidades rurales con la finalidad de expandir propuestas técnicas, institucionales y legales. Existen experiencias interesantes que no han sido aún difundidas.
Diseñar sistemas de monitoreo para conocer las externalidades generadas del empleo de plaguicidas y replantear nuestro ordenamiento sobre este controvertido tema -en concordancia con las reglamentaciones internacionales- es una prioridad para enfrentar un conflicto de irreparables daños ambientales, sociales y económicos.
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(*)Docente, conservacionista, consultor, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda. http://wperezruiz.blogspot.com/ - http://www.facebook.com/wilfredoperezruiz
(*)Docente, conservacionista, consultor, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda. http://wperezruiz.blogspot.com/ - http://www.facebook.com/wilfredoperezruiz
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